STC confirma a la CNMV que ejercerá los derechos políticos de su participación del 9,90% en Telefónica

STC Group (Saudi Telecom) ha comunicado oficialmente este viernes a la CNMV la adquisición del 9,90% del capital de Telefónica. En este formulario confirma que necesita la autorización gubernamental para superar el 5%, lo que implica que pretende ejercer sus derechos políticos, ya que, en caso contrario, no requeriría dicho permiso.

Como informó OKDIARIO, la norma que regula el escudo antiopas establece que el Gobierno puede vetar las participaciones superiores al 5%, en vez del 10% general, al ser Telefónica contratista de Defensa. Pero hay una excepción: las que se encuentren entre el 5% y el 10% «siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada».

Por tanto, si STC admite que necesita el permiso gubernamental, se deduce, al menos, que sí pretende ejercer esos derechos políticos en Telefónica, es decir, a votar en las juntas generales de accionistas. Asimismo, también abre la puerta a entrar en el consejo de administración de la operadora española.

Como explica este viernes OKDIARIO, fuentes cercanas a la misma sostienen que la compañía saudí tendría derecho a un asiento en el consejo. Pero hay expertos que consideran que podría solicitar incluso dos, ya que BBVA y Criteria Caixa cuentan con un consejero cada uno a pesar de no superar el 5% del capital.

La comunicación a la CNMV confirma que STC adquirió el 4,9% de Telefónica en mercado a través de un holding domiciliado en Luxemburgo bautizado como Green Bridge Investments Company y que cuenta con un derivado (contrato de compra a futuro) para adquirir el 5% adicional en caso de recibir la autorización gubernamental.

Pero condiciona la efectividad de este contrato «entre otras cosas, a la aprobación del Consejo de Ministros español», y añade que el precio del mismo está cerrado mediante una transacción forward (un tipo de operación de mercado).

Por consiguiente, está reconociendo implícitamente que pretende ejercer sus derechos políticos en Telefónica. De hecho, el temor es que el grupo saudí imponga una especie de «vigilante» para monitorizar las decisiones de José María Álvarez-Pallete al frente de la operadora.